El duro castigo de la Comisión Europea impuesto a Telefónica por su pacto con Portugal Telecom será recurrido por la compañía española. Se trata de la segunda sanción económica en volumen después de la que sufrió en 2007 (152 millones de euros) y en esta ocasión la compañía ve la medida totalmente injustificada.

La sanción ha sido justificada por la cláusula que firmaron las dos compañías para no competir en el mercado ibérico cuando Telefónica compró Vivo en 2010 a Portugal Telecom. Ésta choca con las normas de la UE para preservar la competencia, pero cabe reseñar y en ello fundamenta su rechazo el operador histórico que esta cláusula fue retirada del acuerdo definitivo una vez se tuvo constancia de su ilegalidad. Es decir, el acuerdo final no la contemplaba pero aún así las autoridades de Competencia, organismo encabezado por el español Joaquín Almunia, han sancionado a Telefónica con una cantidad que refleja un porcentaje de su facturación.

Desde la compañía se afirma de forma tajante que "en ningún momento ha vulnerado la ley" dado que el acuerdo fue retirado en febrero de 2011, aunque para entonces Bruselas ya había iniciado el procedimiento cuyo resultado se ha conocido en las últimas horas. Asimismo, recuerda que la cláusula se incluyó para tranquilizar al Gobierno de Portugal, que temía una expansión de Telefónica en su territorio tras la compra de Vivo.

El Ejecutivo comunitario ha querido lanzar con esta sanción un aviso al resto de operadores de los países europeos, remarcando que no permitirá estas prácticas en el sector de las telecomunicaciones. Sin embargo, el malestar de Telefónica es patente porque considera que la CE no actúa con el mismo rasero con los operadores más poderosos del continente ni con otras grandes compañías que poco a poco forjan su monopolio en nuestro territorio como el caso de Google o Apple.

Así pues, la pelota volverá al tejado de Competencia en Bruselas, porque el operador insiste en no haber infringido ninguna ley. Todo apunta a que como sucediese con la multa de 2007, que acabó ratificada de forma definitiva en 2012, la situación se prologará por bastante tiempo. Veremos cuál es la decisión final tras la polémica abierta en este caso.

66 millones por algo que no ha sucedido

No deja de ser sorprendente que Bruselas multe a la operadora cuando el acuerdo entre Telefónica y Vivo no llegó a producirse. No hay que olvidar que este tipo de acciones impactan de forma negativa en la inversión.

 

Fuente: adslzone