Según estas reformas ninguna compañía podría utilizar datos sin pedir permisos expreso al usuario, al que luego tendría que explicar que ha hecho concretamente con ellos si lo pidiera. Como era de esperar, Google y Facebook ya han expresado sus quejas sobre ello. El problema, es que en el caso de no acogerse a la nueva legislativa, estas empresas tendrían que pagar una multa de entre el 0,5 y el 2% de su facturación.

Todo hace entrever, que ya que las empresas trafican con nuestros datos, el Estado también quiere sacar dinero de esto. Pero los ciudadanos, que al fin y al cabo somos los realmente perjudicados, ni un duro. De nuevo el tema de la privacidad como una manera de hacer negocio en debate.

Fuente: muyseguridad