10-05-2009 - Si dijésemos aquello de «Éramos pocos y parió la abuela», no pretenderíamos ser groseros con doña María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno -y abanderada aparente, por otra parte, de la cuestión que nos aflige ahora-, sino simplemente exclamar nuestro dolor, nuestra sorpresa y nuestra indignación ante la enésima agresión que el Gobierno comete ya no contra los internautas -que no somos, precisamente, pocos- sino, de hecho, contra la entera ciudadanía, ante la nueva amenaza al ya de por sí poco boyante desarrollo tecnológico español, que languidece víctima del analfabetismo digital que prolifera en la política y en las administraciones públicas y que, secundaria pero no menos ciertamente, se observa también en el ámbito privado.

Hace ya seis años, la ciudadanía se puso en pie contra el canon digital, indiscriminado, desproporcionado e injusto; términos que casi constituyen ya un sonsonete, pero que definen con una exactitud tan certera como concisa la aberración que supone ese impuesto de naturaleza absurdamente privada, de cumplimiento y abono generalizado y obligado para todos los españoles, y cuya gestión de recaudación y de reparto parece hallarse fuera de todo control público. Hace pocos días, conocíamos la pretensión, por parte de las entidades de gestión de derechos de autor, de extender el canon a las conexiones de ADSL, noticia especialmente temible porque la distancia entre estas pretensiones y la realidad de su imposición suele ser corta cuando hay un Gobierno entregado a las exigencias de una minoría de rentistas privilegiados en detrimento de los intereses generales de la Nación; mas esa distancia puede ser ínfima si a ello le añadimos el factor de una ministra de Cultura que procede directamente de ese ámbito y que permanece en ese puesto por encima de toda incompatibilidad, en términos jurídicos, y de toda moralidad, en términos políticos.

Parece, pues, que la Red y sus conexiones constituyen la vaca de ubres inagotables de las que mana el dinero a espuertas para todo el que quiera, simplemente, cogerlo. Como en el viejo Oeste norteamericano, cuando en California se desató la fiebre de la ambición desmedida al grito de «¡Hay oro en esas colinas!», parece que el grito se reproduce en la España de los albores del siglo XXI, ligeramente modificado: «¡Hay oro en Internet!».

Y sí: hay oro en Internet. Hay oro de valor, oro de desarrollo, oro de progreso para todos los ciudadanos, para todas las empresas, para todas las administraciones públicas, para todos los ámbitos educativos y, en fin (y ahí le duele) para todos los ámbitos culturales. Pero ese oro simbólico -que los países, las empresas y las sociedades pueden convertir en oro efectivo, sí, pero tras grandes inversiones en creatividad y en esfuerzo- es una mina gratuita y cómoda para rentistas
y apalancados y un recurso para un aún mayor fomento de la ineficiencia, del anquilosamiento en viejos modelos de otros siglos y del dolce far niente de los amiguetes, de los cuñados y de los clientes.

Ya hacía tiempo que la farándula apoltronada apetecía ese oro; también sabíamos que lo apetecían las compañías de telecomunicación y por ello llevamos todos ya mucho tiempo luchando por la neutralidad en la red, intentando con ello evitar que las telecos se apropien de un valor que no es suyo...

Recientemente, el Gobierno ha descubierto esa mina -mirando a la Francia de Sarkozy: originalidad, poca- para calmar las apetencias de otros sectores. Ahora mismo, el de las televisones privadas que, sumergidas en una profunda crisis debida quizá no tanto a la coyuntura económica sino a un modelo de televisión caduco y a una programación cansina y en muchos casos maloliente, que empiezan a rechazar incluso los sectores más socioculturalmente deprimidos de sus espectadores, presionan para que la televisión pública abandone el mercado publicitario no sólo para que el pastel a repartir sea mayor sino para poder constituir un cómodo oligopolio, un aro de reparto del mercado por el cual habrán de pasar a la fuerza todos los que pretendan acceder a la publicidad televisiva. Y un presidente de Gobierno, muy obsesionado por las encuestas y muy poco -nuevamente- por el interés general, cede de nuevo a las presiones de minorías que ocupan posiciones de privilegio: la televisión pública abandonará la publicidad y será financiada, en parte, con un tributo adicional que pagarán las cadenas privadas (y que, aunque protestarán sonoramente, les sale bien rentable) y, en mayor parte con un nuevo tributo sobre las telecomunicaciones.

Si el ejemplo cunde, las líneas ADSL pueden subvencionar, además de a la televisión pública, a sectores industriales como el del automóvil o el del textil o ¿por qué no? a la industria farmacéutica, que ya se sabe que investiga muchísimo y que se duele de la reducción de ganancias debidas a la proliferación de los genéricos. Entre el dinero de los ciudadanos (hasta 100 euros por una conexión doméstica de ADSL, que bien podría constituir el límite psicológico, la casa es potente) y la proliferación de ERE a troche y moche, podrían salvarse sectores enteros... de accionistas.

Cuando al sometimiento sistemático a la presión de los lobbys se añade la exclusiva visión a corto plazo en la acción política, se lleva a un país al desastre. Incrementar los precios del acceso a la red cuando éstos son ya abusivamente altos, como venimos denunciando incesantemente desde nuestra misma fundación, ponerle trabas como los intentos de ralentización o incluso de desconexión, favorecer la discriminación de los contenidos permitiendo que se ponga precio suplementario a su acceso, convirtiendo, en fin, Internet en el mono de goma al que hay que dar leña cada vez que unos rentistas ven en peligro sus canonjías o cada vez que unas empresas ven en peligro su negocio porque son incapaces deadecuar su estructura a la exigencia de los nuevos tiempos, sólo puede llevar otra vez al atraso tecnológico que, sobre todo en este siglo, nos devolverá nuevamente al otro. Lo que está haciendo el Gobierno es, ni más ni menos, que establecer nuevamente un ancho de vía distinto; pero esta vez el problema no sería en relación a Europa -que ya de por sí sería grave- sino en relación al mundo entero, a un mundo global.

Nuestros gobernantes son absolutamente inconscientes de la tremenda responsabilidad de dimensiones históricas en la que incurren en su obsesión por no ver más allá de la próxima convocatoria electoral, cualquiera que ésta sea.

Bien: siendo así, nos van a tener en frente. La Asociación de Internautas se opondrá por todos los medios que la ley le permita a cualquier agresión contra la red y contra los derechos de la ciudadanía. Se opondrá acogiéndose a la acción de los tribunales de justicia, sí, pero también con la convocatoria ciudadana, con el llamamiento a la protesta cívica.

Está en juego nuestro futuro y el de nuestros hijos.

Fuente desde: internautas