Uno de los puntos de la legislación que ha supuesto una negociación más difícil entre el Parlamento y los estados ha sido el referido a los derechos de los internautas, en especial en un momento en que Francia intenta impulsar una ley contra la descarga ilegal de contenidos, que prevé que un organismo pueda cortar el acceso a la Red sin que medie una orden judicial.

No se impondrá “restricción alguna a los derechos y libertades fundamentales de los usuarios finales sin una resolución previa de las autoridades judiciales”, según el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE en materia de libertad de expresión y de información, “excepto cuando la seguridad pública se vea amenazada, en cuyo caso la resolución puede ser posterior”.

Por otra parte, los operadores deberán proporcionar información más transparente sobre tarifas y términos contractuales, dar un acceso más fácil a las personas con alguna discapacidad, y avisar a los usuarios cuando exista el riesgo de que sus datos sean objeto de un uso malicioso o de prácticas ilegales.

Otra de las novedades será la creación de un organismo de reguladores europeos de comunicaciones electrónicas (BEREC, en sus siglas en inglés), compuesto por expertos de los 27 estados miembros, que actuará como órgano de consulta al que las autoridades reguladoras nacionales podrán acudir antes tomar decisiones.

Los países deberán tener en cuenta “en todo lo posible” cualquier duda expresada por ese órgano o por la Comisión Europea, que finalmente no tendrá derecho de veto sobre las decisiones de las autoridades nacionales de regulación.

Para fomentar la competencia, la legislación prevé que un regulador nacional pueda pedir a un operador dominante que disocie su infraestructura de red de su negocio de servicios (”separación funcional”), una medida que podrá aplicarse únicamente de forma “excepcional”.

La normativa también velará por el respeto a los principios de neutralidad tecnológica y de servicios, lo que permitirá asignar el espectro radioeléctrico que se liberará al pasar del sistema analógico al digital en 2012 (dividendo digital) a otros fines que no sean la radiodifusión.

En cuanto a las inversiones en redes de nueva generación, que permitirán velocidades y capacidades de internet muy superiores a las actuales, el texto aboga por que los reguladores nacionales promuevan una “inversión e innovación eficaz en infraestructuras nuevas y renovadas”, como las redes de fibra óptica.

Precisa que la obligación de los operadores tradicionales a abrir el acceso a estas nuevas infraestructuras a sus competidores debe tener en cuenta los riesgos que conlleva ese tipo de inversión, y considera que deberían permitirse “acuerdos cooperativos” entre los inversores y las partes que buscan acceso a esas nuevas redes para “diversificar” los riesgos.

Fuente desde: adslnet