La AI ha presentado las conclusiones sobre los hechos y las pruebas que demostrarían que la Oficina de Conflicto de Intereses debería haber actuado en el nombramiento de la ya exministra González-Sinde. Su cargo público chocaba frontalmente según estas pruebas con la actividad privada que había mantenido años antes "e incluso durante los primeros meses de su mandato", al estar al frente de entidades relacionadas con el sector cultural que recibieron dinero de los Presupuestos que manejaba su Ministerio.

Las pruebas detallan de forma específica la implicación de González-Sinde en estas actividades, destacando su presencia en el sector cinematográfico. Al margen de ser expresidenta de la Academia del Cine entre diciembre de 2006 y junio de 2009 y haber sido presidenta de ALMA y miembro de la Junta Directiva de DAMA, era administradora de dos empresas y consejera de otra. Igualmente, era socia de la SGAE hasta que en julio de 2011 la entidad fue intervenida judicialmente. Hasta entonces, nunca había supervisado las cuentas de esta entidad a pesar de tener la obligación legal de hacerlo.

Desde la asociación resaltan cómo tras presentar la denuncia por conflicto de intereses, las subvenciones directas a la Academia del Cine se redujeron pero que fueron compensadas a través de las aportadas por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, del que era presidenta por cargo González-Sinde. De este hecho, la AI deduce un claro "conflicto de intereses".

Recordada como una de las peores ministras

La asociación lamenta que "a pesar del historial de actividades económicas en la industria de la cultura de González Sinde y la evidente colisión de intereses en el cargo, fue nombrada ministra de Cultura". En su cargo, más allá de la polémica acerca de las subvenciones y cómo se dispararon hacia el sector en el que trabajó, se recuerda a Sinde como principal impulsora de la polémica e ineficaz ley antidescargas española, que defendió hasta el fin de su mandato y que el actual ministro José Ignacio Wert retomó para su entrada en vigor. Curiosamente, ambos políticos son los peor valorados por los ciudadanos en los últimos años.

 

Fuente: adslzone