24-04-2009 - La esencia del delito radica en aquello que pretende salvaguardar, lo que los juristas llaman el bien jurídico protegido y en este caso no es otro que el recto y normal funcionamiento de la Administración, con sujeción al sistema de valores instaurado por la Constitución, en cuyos artículos 103.1 y 106.1 se proclama el pleno sometimiento de la Administración pública a la ley y al Derecho y su obligación de servir con objetividad a los intereses generales, de manera que lo que la norma penal tutela es, en definitiva, el interés público de los ciudadanos en la acomodación a la legalidad de las resoluciones y decisiones de las autoridades y funcionarios.

La prevaricación administrativa, es pues un delito indisolublemente unido a la idea de imparcialidad y control democrático del ejercicio del poder, y a la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (artículo 9.3 de la Constitución). Es decir la norma penal tutela y tipifica como delito los valores que recoge la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.

Esto significa que si la ministra de Cultura firma la Orden que desarrolla la Ley del cine, como anunciaba o cualquier otra que afecte a la industria del cine podría cometer un delito de PREVARICACIÓN. 
 
Prevaricación anunciada por ella misma, tal y como indicábamos en la editorial mencionada y reiteramos. Cuando el periodista amigo le pregunta: ¿Dada su procedencia, unos creerán que solo se va a dedicar al cine, y otros dirán : “A ver si se nota que viene del cine? Contesta con candidez “Casi me preocupa más lo segundo. La expectativa del sector del que vienes es tan grande que luego puedes decepcionar. Lo que hay que hacer es aprobar la orden ministerial que desarrolla la ley de cine y ponerse a trabajar. Hay muchas áreas en las que se puede trabajar mucho, por ejemplo en toda la difusión y promoción exterior”. Reconoce pues, expresamente su vinculación a la industria del cine, tal y como acreditamos en el documento en el que pedíamos la 'recusación' de Ángeles González-Sinde como Ministra de Cultura. Y ya advertíamos de que podría incurrir en responsabilidades penales.

Ahora vemos como anuncia a todo desparpajo y sin que nada le abrume que lo importante es dictar la orden que desarrolle la Ley del cine. Y no contenta con eso, al día siguiente con motivo de una comparecencia junto con el escritor Juan Marsé, con motivo de que próximamente será galardonado con el Premio Cervantes, contrastaron opiniones sobre los problemas del cine español. Durante la comparecencia conjunta, salió a colación la solicitud de dimisión de la Ministra por parte de la Asociación de Internautas por incompatibilidad de su cargo con su actividad empresarial. González-Sinde comentó que existe "una ley que prevé este tipo de cuestiones y que habrá que cumplirla".

Pues si después de reconocer expresamente su vinculación con la industria del cine, la existencia de una norma que la inhabilita para poder dictar resoluciones en estos temas por existir un “conflicto de intereses” insiste y dicta “ a sabiendas” esas resoluciones, queda claro que cometerá un delito de prevaricación. Ella lo sabe y sus asesores jurídicos también.

Fuente desde: internautas