La famosa Ley Hadopi sigue generando polémica en el país vecino. Gestada, vendida e implantada hace dos años como la herramienta definitiva para acabar con la "piratería" en Internet y el intercambio de archivos, sus resultados dejan mucho que desear para sus impulsores. Si en sus primeros meses un estudio de la Universidad de Rennes ya señalaba que la ley solo afectaba a una minoría de usuarios (muchos no utilizaban P2P para descargar) y que incluso las descargas habían aumentado, dos años más tarde conocemos datos sobre el número de usuarios perseguidos.
El sistema impuesto por la norma es el denominado de "3 avisos". La industria se encargaba de rastrear a los usuarios que compartían su obra sin su permiso y enviaban sus datos a la comisión Hadopi, la encargada de comenzar el proceso de advertencias a los internautas. En primer lugar se enviaba una notificación a los usuarios detectados por las compañías. En caso de seguir reincidiendo se enviaban dos nuevos avisos y la amenaza final suponía que el usuario podría ser desconectado de Internet en caso de que así lo decidiese un juez.
Como leemos en Torrentfreak, los resultados en este proceso son bastante esclarecedores. La industria recabó un total de 3 millones de direcciones IP con tráfico P2P de sus contenidos. Tras ponerlas a disposición de la comisión, ésta envió 1.150.000 correos electrónicos a los usuarios avisándoles de que debían cesar en esta práctica. El segundo aviso llegó a 102.000 usuarios que fueron acusados de reincidencia, pero la mayor caída en el número de internautas advertidos se produjo con la tercera notificación ya que solo la recibieron 314 usuarios de todo el país galo.
De forma no oficial la comisión decidió dar un cuarto aviso a estos internautas. Tras advertirles de que el siguiente paso sería enfrentarse a la Justica, solo 14 personas decidieron ignorar a la Comisión. Sin duda, esta cifra queda muy lejos de los 50.000 usuarios que aseguraron en el inicio de la norma que acabarían enfrentándose a los tribunales y a sanciones que podrían ser de 1.500 a 3.750 euros para aquellos que descargase contenidos y entre 300.000 euros y hasta dos años de prisión para los que se lucrasen con ellos.
Los resultados han convencido a la Comisión, que los ha valorado positivamente porque cree que su papel no es el de sancionar a los internautas sino "educarles". No obstante, el propio Gobierno del país no tiene tan claro el poder de esta herramienta y el elevado coste que le supone. Por ello no ha tardado en plantearse eliminar esta controvertida ley. Además, cabe recordar que son miles los usuarios que dieron el salto desde el P2P a otras formas de descargar o visionar ciertos contenidos como los cyberlockers o las plataformas de streaming.
Fuente: adslzone
