Desde hace unos años algunos gobiernos de países europeos se plegaron ante las presiones de la industria cultural y del entretenimiento. La masificación de la Red propició nuevos modelos de distribución de contenidos y las redes de intercambio de archivos fueron la solución ideal para muchos usuarios a la hora de acceder a todo tipo de contenidos, incluidos aquellos con copyright que se comparten sin ánimo de lucro. Esta situación llevó a la industria a clamar contra el P2P y empujó a los gobiernos a endurecer la persecución a los usuarios de estas redes.

Sin embargo, los resultados obtenidos en este intento de lucha contra la llamada "piratería" han sido nulos. Solo hay que ver algunos ejemplos como el de Sucia o Francia, donde se invirtieron grandes sumas de dinero para intentar llevar a cabo una legislación que perseguía a los usuarios con la amenaza de dejarles sin acceso a Internet en caso de vulnerar la propiedad intelectual. En el país galo, por ejemplo, años después de su entrada en vigor, la Ley Hadopi no ha desconectado aún a nadie.

Dado que no compensa esta inversión en la lucha contra la "piratería", países como Suiza o Países Bajos anunciaron hace unos meses su intención de dejar de dedicar esfuerzos en esta lucha. En el caso suizo su discurso fue ejemplar: "Cada vez que la tecnología se hace accesible, siempre ha habido abuso. Es el precio que pagamos por el progreso. Los triunfadores serán quienes sean capaces de usar la nueva tecnología para su provecho y los perdedores quienes pierdan el tren del desarrollo".

En el caso holandés el Gobierno fue muy claro al señalar que no se ha demostrado directamente que las descargas mermen los beneficios de esta industria. En su anuncio subrayó que los usuarios no cometen ningún delito si intercambian archivos sin fines comerciales, precisamente lo que sucede con el P2P.

En esta ocasión es Noruega quien se suma a esta lista de países. El gobierno del país nórdico no ha renovado la licencia a la única compañía que tenía autorización para inspeccionar los datos de aquellos usuarios que compartían archivos con copyright para proceder a tomar medidas contra ellos. La citada empresa, Simonsen, consiguió el permiso en 2009 y tras tres años no ha sido renovada, por lo que la industria tendría que formar un nuevo grupo antipiratería que solicite una nueva licencia, aunque vista la postura del Gobierno parece difícil que la consiga.

¿Se acabará imponiendo esta tendencia en Europa?

 

Fuente: adslzone