El Gobierno ha decidido dar una nueva oportunidad a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Envuelta en un escándalo por presunto desvío millonario de fondos en la cúpula directiva destapado hace un año, la entidad inició un proceso de renovación que se confirmó con la elección en abril de la nueva Junta Directiva presidida por Antón Reixa. Uno de los objetivos inmediatos de la sociedad pasó por mostrarse más abierta y transparente a todos los niveles, desde el institucional hasta el ciudadano pasando por sus socios.

No en vano, sobre la entidad pesaba un proceso de apercibimiento que podría concluir con la disolución de la entidad como gestora de derechos de autor si se revocaba por parte del Ministerio de Cultura su licencia. El proceso se entendió entonces como un intento por desmarcarse de la corrupción que azota a la entidad por parte del anterior Gobierno del PSOE. También fue considerado una medida electoralista de cara a las Elecciones Generales de noviembre en las que finalmente salió elegido el actual Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Con el gallego como presidente del Gobierno conocemos ahora la retirada del expediente de apercibimiento a la entidad, lo que ha satisfecho a Reixa según leemos en la web de la entidad. El nuevo presidente de la sociedad ha trasladado al Ministerio de Cultura "su agradecimiento por una decisión que contribuirá a consolidar de una forma definitiva la normalidad institucional de la SGAE" y el compromiso de colaboración para "estrechar las relaciones entre ambas instituciones y despejar cualquier duda sobre el comportamiento de la entidad que preside".

De este modo, la que fuera considerada institución con peor imagen de la Red para los internautas, seguirá con sus prácticas de recaudación en nombre de los autores. Con Reixa la imagen de la entidad ha mejorado ligeramente, al haberse desmarcado de la fiebre recaudatoria de la era Teddy Bautista así como de su política de inversión en negocios al margen de los artistas como los proyectos megalómanos impulsados por el expresidente.

La decisión ministerial coincide con el ultimátum de la Comisión Europea para que los gobiernos vigilen las prácticas de las entidades de gestión. Desde Bruselas se ha exigido un mayor control de las "irregularidades en la gestión financiera y decisiones de inversión" de estas sociedades. Tras el archivo del expediente, el Gobierno parece seguro de que la entidad de Reixa no está inmersa en dichas cuestiones y que es una sociedad transparente, aunque el proceso contra la anterior cúpula directiva sigue abierto en los tribunales.

 

Fuente: adslzone