La transparencia no ha sido precisamente la seña de identidad de la SGAE en los últimos años. El escándalo descubierto el pasado año por presunto desvío millonario de fondos es el ejemplo más claro de lo que ha llegado a ser una entidad teóricamente creada para la defensa de los artistas y para repartir equitativamente lo recaudado entre los titulares de los derechos de autor.
A raíz del citado escándalo se descubrieron múltiples negocios alrededor de la entidad que poco tenían que ver con su objetivo. No tardaron en aparecer voces reclamando una mayor transparencia para una entidad que se ha granjeado la enemistad de establecimientos y ciudadanos por sus políticas recaudatorias. Incluso la exministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, otrora defensora a ultranza de la política de la SGAE, pidió la refundación de la entidad. "La SGAE debería aprovechar el momento actual para hacer esa refundación que la sociedad viene reclamando, para generar confianza en los usuarios y asegurar la continuidad de los propios socios, cuya remuneración depende de esta sociedad", afirmaba Sinde hace menos de un año.
En sus declaraciones exigía a la SGAE "un ejercicio de transparencia y explicación de sus cuentas como no lo han hecho hasta ahora". Y en esta línea va la decisión de la Comisión Europea de forzar a las entidades de gestión de derechos de autor a ser más transparentes. La SGAE se encuentra entre lo que la Comisión considera entidades con "preocupaciones en lo que se refiere a su transparencia, sistema de gobierno y gestión de los ingresos recaudados en beneficio de los titulares".
Desde Bruselas se critica el caso de algunas de estas entidades que han realizado "inversiones arriesgadas" de ingresos que deberían haber ido directamente a los titulares y denuncia "irregularidades en su gestión financiera y decisiones de inversión". Con solo echar un vistazo a los negocios en torno a la SGAE que tenían personajes como Teddy Bautista o Víctor Manuel nos damos cuenta de que el ultimátum se dirige entre otras a esta sociedad.
El planteamiendo del Ejecutivo europeo pasa por obligar a las entidades a publicar un informe anual de transparencia con sus cifras clave y a aumentar la participación de los autores en el proceso de toma de decisiones. Asimismo, los autores tendrán plena libertad para elegir a la sociedad que les representa y la remuneración a éstos tendrá que ser "más rápida y precisa". La regla del pago antes de 12 meses se introduce para aumentar la "confianza y la transparencia" y beneficiará tanto a las grandes estrellas como a los autores menos conocidos. ¿Seguirá estas directrices la supuesta nueva SGAE de Antón Reixa?
Fuente: adslzone
