Todo apunta a que que el fracasado modelo francés de respuesta gradual, que fue rechazado por Bruselas el pasado 26 de marzo, no se importará a España, pero a cambio se estudian otras medidas como multas económicas o bajadas de la velocidad de la banda ancha a los usuarios que reciban varios avisos por descargas P2P. La sanción que se impondrá a los internautas españoles se conocerá pronto. España dará la espalda a la Circular 1/2006 de la Fiscalía General del Estado, a la recomendación del Parlamento Europeo, a la unánime opinión de los jueces y magistrados, así como al hecho más importante: Internet no admite reglas más allá de las ya existentes en la vida real.
Así lo asegura el suplemento 'Mercados' de El Mundo, citando fuentes del Ministerio de Industria. Por mandato del Ejecutivo, Redtel (Telefónica, Vodafone, Orange y Ono) y la Coalición (que agrupa a la SGAE, EGEDA, Promusicae y FAP, entre otros) están sentados desde hace meses para tratar el problema en una mesa que preside el asesor Aldo Olcese. Ni las asociaciones de internautas, ni las de consumidores están presentes en las negociaciones organizadas por el Gobierno.
Hasta ahora, las principales discrepancias entre ellos han sido el corte de internet, rechazado por las telecos por su impopularidad, y la creación de un organismo judicial independiente que regule las sanciones. En todo caso, las telecos abogan por perseguir a las organizaciones que se lucran con los contenidos ilegales y no al usuario final, señalan en el sector
Fuente desde: bandaancha
