Desde hace unos meses conocemos la alternativa para luchar contra el P2P en forma de ley en Estados Unidos. Se trata de un modelo que bebe directamente de lo planteado por la Ley Hadopi francesa y que se basa en avisar hasta en seis ocasiones (en el país galo son tres avisos) a los usuarios para que procedan a dejar de intercambiar contenidos que presuntamente infringen la propiedad intelectual con varias amenazas sobre la mesa como la desconexión de Internet y multas.
A finales de este mismo año se creará un órgano en el país norteamericano denominado CCI (Centro para la Información del Copyright en sus siglas en inglés) que rastreará los intercambios de archivos en redes como BitTorrent. Las grandes asociaciones de la industria cinematográfica y discográfica, la MPAA y la RIAA, han sido las grandes impulsoras de este modelo conocido como Six Strikes (Seis avisos). Los operadores ya cuentan con gran protagonismo ya que serán los encargados de proceder a las citadas desconexiones o tomar otras medidas como la degradación de la velocidad de servicios P2P.
Sin embargo, el portal Torrentfreak advierte del acuerdo final entre las grandes industrias del entretenimiento y los operadores. "Los representantes de contenidos como la MPAA o la RIAA así como cualquier otro miembro del conjunto de propietarios de contenidos, pueden utilizar los informes o datos como base para la búsqueda de la identidad del suscriptor y posterior citación u orden de procesamiento legal", señala dicho acuerdo.
De este modo, la privacidad que sí se da por ejemplo con la Ley Hadopi al no tener acceso (en teoría) los titulares de derechos de autor a la información de los presuntos infractores, salta por los aires. En el país norteamericano las compañías accederán a los datos personales de los usuarios que comparten contenidos con copyright, de modo que pueden acudir de forma personalizada a los tribunales para acusarles de infracción a su propiedad intelectual y que sean condenados al pago de indemnizaciones a los titulares de derechos de autor.
Por el momento, en España no se perseguirá a los usuarios puesto que se ha optado por atacar a las webs de enlaces mediante un órgano administrativo denominado Comisión de Propiedad Intelectual. El propio ministro de Cultura, José Ignacio Wert, ha garantizado que no llegará este tipo de normativas a nuestro país, pero ojo avizor que son demasiados los "donde dije digo, digo Diego" de la clase política española.
Fuente: adslzone
