Se agotan las esperanzas de los usuarios que apostaron por Megaupload para almacenar sus contenidos. Desde el pasado mes de enero se encuentran imposibilitados para acceder a los mismos después de la operación de las autoridades federales contra la plataforma de Kim Dotcom acusada de delitos contra la propiedad intelectual. El propio Dotcom fue arrestado en Nueva Zelanda pero en la actualidad de encuentra en libertad a la espera de una posible extradición a Estados Unidos, donde podría ser condenado a varios años de cárcel.
Como leemos en Wired, el FBI ha reconocido que los usuarios pueden ir olvidándose de sus archivos. Aquellos que iniciaron el proceso contra el servicio de alojamiento y descargas directas se desligan ahora del proceso de identificación, copia y devolución de archivos a cada usuario de Megaupload. El motivo no es otro que el alto coste que esto supone, lo que nos lleva a deducir que el adiós a estos archivos es casi una realidad puesto que ni las autoridades ni el Gobierno quieren correr con estos gastos.
No en vano, son más de 66 millones de usuarios y un total de 25 petabytes de información los afectados por el cierre de la plataforma de Kim Dotcom. Esto suponía 1.100 servidores dedicados por la compañía Carpathia, que no tardó en salir a la palestra para denunciar el alto precio que estaba pagando por mantener estos contenidos (9.000 dólares al día). Sus amenazas de borrado definitivo pueden ser una realidad en cuestión de días si se confirma la desvinculación definitiva de las autoridades para pagar este precio.
Entre los millones de usuarios afectados se encuentran profesionales que utilizaban Megaupload para alojar unos contenidos que nada tenían que ver con la infracción de la propiedad intelectual. Como vimos hace unos meses, tal es el caso de un periodista estadounidense, que está cerca de perder toda esperanza de recuperar su material porque el Gobierno asegura que es "excesivamente caro" recuperar los archivos y que en el caso de este periodista, debería "demandar a Megaupload o a Carpathia" según las autoridades estadounidenses.
Así pues, parece que nos encontramos muy cerca del fin de un litigio en el que una vez más se vuelve a demostrar la situación de indefensión de los usuarios. ¿Por qué deben pagar justos por pecadores en este caso? ¿Hasta qué punto es legal que el Gobierno se desentienda de estos archivos?
Fuente: adslzone
