El canon digital se reinventa al Oeste de España. En nuestro país este gravamen a los dispositivos y soportes electrónicos para compensar las supuestas pérdidas que sufren los creadores por el derecho a copia privada se encuentra a la espera de una reforma definitiva por parte del Gobierno. En diciembre decidió que no se aplicase a productos tecnológicos sino que una partida de las arcas del Estado fuese destinada a esta compensación, aunque desde el Ejecutivo se señaló que haría una reforma en profundidad acompañada de una revisión de la Ley de la Propiedad Intelectual.

Esperemos que el modelo a seguir no sea el que se ha propuesto en el país vecino. El Partido Socialista de Portugal ha propuesto que se vote un nuevo impuesto sobre los dispositivos capaces de almacenar obras protegidas con derechos de autor para poder defenderlos. El grupo actualmente en la oposición ha mostrado un polémico proyecto en el que cada gigabyte de un disco duro costase 2,5 céntimos de euros al usuario.

En su modelo, los discos duros con capacidad por debajo de los 150 GB estarían exentos de pago, pero da la "casualidad" que esta capacidad es muy inferior respecto a la media de los discos duros hoy en día. La propuesta de los políticos encarecería un disco duro de 1 TB en 25 euros, que irían directamente a las maltrechas arcas del Estado portugués y de ahí teóricamente se repartiría entre los autores. Pero la idea propuesta por el PS va más allá.

Estos políticos consideran que los discos con capacidades multimedia deben estar especialmente penalizados, de modo que cada GB de éstos sería gravado con 5 céntimos. ¿El resultado? Del precio de un disco duro multimedia de 2 TB nada menos que 100 euros serían impuestos. El impuesto sería superior en el caso de los pendrives y tarjetas de memoria (6 céntimos por GB), pero se dispararía en cuanto a capacidad de teléfonos móviles hasta los 0,5 euros. De este modo, un iPhone 4S de 32 GB sería 16 euros más caro en Portugal.

Los defensores de este canon señalan que el usuario final no debería verse afectado por esta tasa impositiva, puesto que debería correr a cargo de las empresas. Sin embargo, resulta difícilmente concebible que los usuarios finales no sean quienes acaben pagando el pato. ¿Tomará ejemplo de este tipo de medidas el Gobierno español? ¿Tiene fin el afán recaudatorio de gobiernos y entidades bajo la excusa de proteger a los autores? ¿Acabarán por gravar algún día el mobiliario casero por si nos sirve para guardar tarrinas de DVD con obras copiadas?

 

Fuente: adslzone