La Ley Sinde-Wert, aprobada de forma definitiva hace unas semanas, entrará en vigor a partir de marzo, fecha en la que se forme la Comisión de la Propiedad Intelectual. Este órgano administrativo servirá para dictaminar si una página web infringe la propiedad intelectual, en un proceso en el que el papel judicial queda reducido a la mínima expresión. El simple hecho de que una web contenga un enlace a material que un titular de derechos de autor considere que vulnera su propiedad puede servir para que interponga una denuncia contra dicha web y se proceda a la petición de retirada de contenidos bajo amenaza de cierre de la web.
Aunque en un primer momento el grueso de webs que serán denunciadas al calor de esta ley son aquellas que vimos hace una semana, con la ley en la mano podemos encontrar rocambolescos casos como del que ahora nos hacemos eco. Según leemos en Ibercrea, el diario El País publicó una información en la que se enlazaba a un libro con derechos de autor que había sido subido a la Red sin permiso de su creador.
En la información del diario de tirada nacional se aludía al libro que Francisco Camps estaba leyendo durante el juicio que se celebra en su contra. En el título del libro se enlazaba al conocido sitio de alojamiento de documentos Scribd. Este libro en concreto fue publicado sin permiso del autor del mismo, aunque no está completo, y puede ser descargado en formato PDF o texto si el usuario cumple unos determinados requisitos como estar suscrito al servicio Scribd.
A pesar de que se trata de un caso anecdótico, sí nos sirve para ver hasta qué magnitud podría actuar la polémica norma antidescargas española. El País no aloja ningún tipo de contenido "ilegal", salvo que se considere tal dicho enlace. Esto parece suficiente, a priori, para perseguir al diario online, aunque realmente dudamos mucho de que esto vaya a suceder.
Lo mismo sucede con Google. El buscador es la web que más enlaces de todo tipo aporta y con la Ley Sinde-Wert en la mano se debería perseguir su actividad e incluso bloquear su acceso en nuestro país, lo que demuestra el disparate de la ley con la que el Gobierno y la industria creen que se minimizarán los problemas de "piratería" en España.
Fuente: adslzone
