La Unión Europea ha lanzado un ultimátum a España para que incluya la nueva normativa aprobada en Bruselas sobre el sector de las telecomunicaciones, dirigida a una mayor protección del usuario contra la mala práctica de algunas compañías. El plazo había expirado el pasado 25 de mayo.Todo el mundo se puede imaginar que el sector donde las compañías reciben más quejas y denuncias por parte de sus clientes en España es el de los operadores de telecomunicación, incluso por encima de los bancos y compañías eléctricas, tan tradicionales en esta cuestión. Muchos han sido quienes, alguna vez, han tenido problemas con su correspondiente compañía; algunos de los cuales, han tomado medidas y puesto reclamaciones.
Un abuso que no pasó desapercibido en Bruselas, donde se elaboró una nueva normativa dirigida a proteger y ampliar los derechos de los usuarios frente a los abusos de las compañías en varios servicios, fundamentalmente telefonía móvil y fija y acceso a Internet, con el objetivo, además, de garantizar la protección de los datos personales de los clientes. Algunas de estas medidas tienen que ver con la portabilidad (objeto de numerosísimas quejas), obligando a partir de ahora a los operadores que faciliten el cambio de compañía en un solo día (actualmente en España es de cuatro días como máximo), mientras otras se dirigen más hacia la transparencia en la gestión del tráfico en los servicios de Internet.
La aplicación de dicha normativa bien pudiera significar una mejora considerable en las prácticas de las compañías de telecomunicaciones de nuestro país. ¿Cuál es el problema? Que si bien la CMT ha anunciado que la portabilidad en un día será realidad el próximo año, en España aún no se ha aplicado la normativa de manera completa. Y eso que el plazo para ello expiró hace ya medio año.
Por ello, según informa Europapress, la UE ha instado a España a que incluya la nueva normativa europea en nuestra legislación; y lo ha hecho en forma de ultimátum. De esta manera, Bruselas da un nuevo plazo, esta vez de dos meses, para que el Gobierno (saliente o entrante) haga cumplir las normas aprobadas por el Parlamente Europeo. Si no es así, la UE podría iniciar procedimientos legales ante el Tribunal de Justicia.
Aún así, España no es el único país de la unión bajo amenaza, ya que sólo siete países han cumplido con los plazos de aplicación: Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Malta, Gran Bretaña y Suecia. Los otros 15 miembros de la UE también han recibido su correspondiente advertencia.
Fuente: adslzone
