Las operadoras francesas dicen que cerca de 80 millones de euros al año, las españolas dicen que 100 millones, más porque el español, cuando descarga, descarga de verdad. Sarkozy dice que Madame la Republique asumirá ese gasto y, aquí, donde las operadoras temen que les endosen el gasto a ellas, se estudia la manera de no poner un duro y, encima, sacar beneficios.

Algo así como los radares de carretera, que para uno que hay en sitio conflictivo y de verdad sirve para prevenir accidentes, ochenta están en sitios estratégicos, elegidos cuidadosamente, para que sean unas muy rentables maquinas recaudatorias.

Pues algo así se baraja. Avisos al que infrinja una ley inexistente en España y, al final, una pequeña multa en lugar de la desconexión que puede ser declarada ilegal por cualquier tribunal, español o europeo. El usuario puede considerar que la multa es insignificante y seguir con su P2P, quizás sea eso lo que se pretende, con lo que le caerá otra multa, también de poca envergadura, y otra, y otra, hasta que se de cuenta que lo están crucificando por fascículos.

Diabólico, si la primera multa fuese de una cantidad significativa, la posibilidad de volver a enganchar al mismo individuo sería escasa, de esta manera se le puede ir sangrando poco a poco y hacer que sean los propios usuarios los que, casi sin sentir, financien los 100 millones de euros que cuesta el espiarlos.

César Antonio Molina, ministro de Cultura, siguiendo directrices del Gobierno, ha prometido que se tomará la decisión antes de que acabe el año. ¿Tendrán el valor de salirnos por peteneras e imponernos algo así?

La picaresca española alcanza una nueva cota. Indibil y Mandonio, Don Pelayo, el Cid, Pedro I, El lazarillo de Tormes, Rinconete y Cortadillo, los siete niños de Ecija, Curro Jimenez, Carpanta, el anónimo inventor del tocomocho, los tontos del pueblo que no lo son tanto y otros muchos representantes del bandolerismo y picaresca patrios se sentirían orgullosos.

 

Fuente desde: adslayuda